La lucha incansable de la mano de obra invisible

Desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, la incorporación de las mujeres a los talleres y las fábricas fue masiva. Esto, no significa que antes no trabajaran, sino que antes su situación no estaba regulada: eran “mano de obra invisible”.

Principalmente, los puestos que ocupaba “la mano de obra invisible” (mujeres y niños) en las fábricas eran aquellos en los que no se requería mucha formación pero sí bastante habilidad como fue el sector textil.

La gran huelga textil de “la mano de obra invisible” en Béjar

La primera vez que se hizo presente la invisibilidad de las mujeres y de los niños en la industria, fue durante la huelga de 1913-1914: “la gran huelga textil de los 7 meses en Béjar“.

Las huelguistas querían aplicar la legislación laboral que regulaba el trabajo de los hombres a las mujeres y los niños. Sus demandas se basaban en dos aspectos fundamentales: reducción de jornadas y aumentos salariales. Estas protestas, consiguieron tener una gran difusión en la prensa local y nacional.

Uno de los acontecimientos de la huelga que mayor repercusión obtuvo ocurrió en mayo de 1914. Ese día, tras duras negociaciones en las que no se consiguió llegar a ningún acuerdo, se organizó una manifestación. Encabezados por mujeres, los manifestantes recorrieron Béjar apedreando las casas de los patronos. La protesta finalizó con el asalto a una fábrica donde se causaron graves destrozos y la detención de algunas de las participantes. Los periódicos recogieron estos sucesos bajo titulares tan llamativos como “Alborotos y agitación” y “Béjar en estado de guerra respectivamente”.

Creación del Instituto de Reformas Sociales y del Ministerio de Trabajo

A las pésimas condiciones laborables se les sumaba el hecho de que no existía ningún organismo que velara por los derechos laborables de la “mano de obra invisible”. Esto hacía más fácil su explotación y perpetuaba los bajos salarios que recibían, ya que los patronos preferían contratar “mano de obra invisible” porque les salía más barata.

En este contexto, en 1903, se creó el Instituto de Reformas Sociales; y más tarde, en 1920, El Ministerio de Trabajo. Estos organismos tenían como objetivo ir configurando una legislación laboral que “protegiera” principalmente a “la mano de obra invisible“, extendiéndose posteriormente al resto de trabajadores.

Sin embargo, al no tenerse en cuenta la opinión de las mujeres en estos organismos para elaborar la legislación laboral, éstas acabaron viéndolo como algo perjudicial.

Las mujeres consideraban que estas leyes las privaban del trabajo. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el descanso por maternidad: no se les permitía trabajar en las 3 semanas posteriores al alumbramiento con reserva del puesto de trabajo pero sin recibir salario por lo que la mayoría de las trabajadoras no lo respetaban. También se opusieron al sistema de destajo porque lo consideraban un sistema de explotación.

Aún así, en 1913 se consigue que la jornada laboral no supere las 60 horas semanales, respetando domingos y fiestas de precepto.

A pesar de los avances legislativos, “la mano de obra invisible” seguía siendo invisible

La declaración de la Primera Guerra Mundial no favoreció el cumplimiento de la reducción de jornada a 60 horas semanales; al contrario, se amplió porque la industria textil española tenía una fuerte demanda exterior. Por eso, una vez finalizada la guerra, se obligó a la reducción de la producción para cumplir la jornada laboral acordada; así como a que las organizaciones obreras vigilaran su cumplimiento.

A pesar de esa vigilancia, los avances plasmados en la legislación seguían sin reflejarse en la práctica diaria. Por ejemplo, en la mayoría de los talleres, los obreros ganaban un promedio de 20 pesetas al día por 10 horas de trabajo; mientras que las obreras, solo ganaban 16 pesetas y su jornada era de 8 de la mañana a 9 de la noche.

Aprobación de la Ley 62/1961

Finalmente, por la Ley 62/1961 aprobada en julio de 1961 y que entró en vigor el 1 de enero de 1962, se declaraba la no discriminación en el trabajo  por sexo o estado civil y se reconocía el principio de igualdad en la retribución de los trabajadores.

Aunque esta ley trató de reconocer los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer; no se aplicó del todo y la discriminación salarial continuó sobre todo en las fábricas y sectores en los que había mucha mano de obra femenina, como era el caso del sector textil.